Declaración de Raúl Montelongo, presidente del CCE Durango

Basta de silencio y de impunidad: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es la prueba brutal de que en México denunciar o gobernar se paga con la vida, exigimos pacificar el país ya, castigo a los culpables y protección efectiva para quienes sirven a la ciudadanía.

Desde el Consejo Coordinador Empresarial de Durango condenamos con absoluta firmeza cualquier acto de violencia que atente contra la vida de las personas. Lamentamos profundamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, un hecho que nos conmociona y nos obliga a exigir acciones urgentes para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Es inadmisible que quienes levantan la voz para señalar irregularidades o promover el bienestar de sus comunidades paguen con su vida, no solo alcaldes, también periodistas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y cualquier ciudadano. Cada asesinato, cada amenaza y cada atentado generan miedo y debilitamiento de nuestras instituciones. Solo en el primer semestre de 2025, 112 políticos, funcionarios públicos y aspirantes a cargos de elección popular fueron asesinados en México, a lo que se suman 74 amenazas directas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y otros casos de violencia política, según Integralia Consultores.

Durante la actual administración federal, que inició en octubre de 2024, han sido asesinados 9 alcaldes en funciones o electos, además de varios exalcaldes, mientras que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 87 homicidios de presidentes municipales. Estos números no son estadísticas: son vidas truncadas, familias destruidas y comunidades vulnerables.

Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con autoridades y sociedad civil para fortalecer la seguridad y construir un entorno de paz y confianza para todos los duranguenses y mexicanos. La violencia no solo enluta familias, también afecta la economía, frena el desarrollo de nuestras comunidades y pone en riesgo el futuro de México.

Exigimos que se tomen medidas concretas y urgentes para pacificar al país. Ningún mexicano debería vivir con miedo por ejercer su cargo, por trabajar, o por simplemente vivir en su comunidad. La impunidad debe terminar y la justicia debe prevalecer.