Proponen Georgina Solorio y Nadia Milán simplificar y hacer gratuita corrección de actas

Con el objetivo de modernizar el Registro Civil, eliminar trámites innecesarios y garantizar el derecho a la identidad, las diputadas Georgina Solorio García y Nadia Milán presentaron las reformas al Código Civil y al Código Penal del Estado, en materia de rectificación y condonación de corrección de actas.

En su intervención, la diputada Georgina Solorio destacó que corregir un error en un acta se ha convertido en un verdadero viacrucis para los duranguenses, quienes deben trasladarse hasta la capital, contratar abogados y esperar meses para resolver lo que en la mayoría de los casos podría solucionarse directamente en las oficinas del Registro Civil.

“No se trata de modificar la esencia de los actos del Estado civil, sino de modernizar los procedimientos. Queremos que los errores materiales o de forma puedan corregirse de manera administrativa, sin juicios, sin intermediarios y sin demoras innecesarias. El derecho a la identidad no puede depender de la distancia ni de la economía”, subrayó.

La legisladora explicó que la propuesta busca permitir la corrección administrativa de errores plenamente comprobables en las actas del Registro Civil, siempre que no se afecten derechos de terceros. De aprobarse, la Dirección General del Registro Civil deberá resolver las solicitudes en un plazo máximo de 15 días hábiles, evitando procesos judiciales costosos y prolongados.

Por su parte, la diputada Nadía Milán Ramírez sostuvo que la gratuidad en la corrección de actas no debe considerarse un favor, sino una obligación institucional derivada de errores cometidos por la propia autoridad.

“La corrección de actas no es un trámite de conveniencia, sino una restitución de un derecho. Cobrar por enmendar un error del Registro Civil es como penalizar a la víctima de una falla institucional. Nuestra obligación es legislar para el bienestar del pueblo y construir un gobierno más humano, sensible y responsable”, afirmó.

Finalmente, comentó que estas reformas no generan costo al erario, fortalecen la certeza jurídica, descargan al Poder Judicial de asuntos menores y acercan los servicios del Estado a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en zonas rurales o alejadas de la capital.