Necesario acabar con la violencia institucional hacia mujeres: Sandra Amaya

· Presentan diputados del GP de Morena, iniciativa para tipificar y endurecer castigos a la violencia institucional.

· La violencia contra la mujer, es una ofensa a la dignidad, aseguró la legisladora

“Podemos afirmar que, la violencia institucional, es la menos visible, la que más se ha silenciado y la más impune de todas”, sentenció la diputada local, Sandra Lilia Amaya Rosales, al presentar una iniciativa con reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia del estado.

La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene como objetivo tipificar la violencia institucional, por lo que quedaría establecido el delito de ejercicio abusivo de funciones y se propone que sea castigado con penas, que van de dos a seis años de prisión y multas de 144 a 432 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, se propone fortalecer la descripción de la violencia institucional, comprendida actualmente en la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia adicionando un segundo párrafo al artículo 12 del citado marco normativo.

“Quienes integramos el grupo parlamentario de Morena proponemos estas reformas ya que estamos preocupados, porque la violencia contra la mujer, es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder, históricamente desiguales entre hombres y mujeres”, enfatizó Amaya Rosales.

De la misma manera, la legisladora destacó que, la violencia se ha convertido en el principal problema para el acceso a la justicia, ya que existen mujeres que, al haber sido víctimas de algún tipo de violencia, se niegan a denunciar ante la autoridad competente por no querer ser revictimizadas.

Cabe resaltar que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la violencia institucional ocurre cuando sea presentado una denuncia por ser víctima, o cuando una mujer ha sido despojada injustamente de sus derechos y las instituciones no han proporcionado un trato digno; e incluso, cuando las autoridades han tolerado la vulneración de sus derechos, o han sido cómplices del agresor.