Las prioridades nacionales son la seguridad y la inversión; no es momento de una reforma electoral

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones. Por ello, estimamos que la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país.

En el contexto actual, marcado por la incertidumbre económica interna y externa, así como por la necesidad prioritaria de garantizar seguridad, justicia y paz para generar condiciones propicias para la inversión, insistimos en que la discusión de una reforma electoral resulta riesgosa e inoportuna.

La intención de abrir este debate y plantear cambios institucionales surge en un momento especialmente delicado: persisten retos significativos en materia de seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y debilidades en el Estado de derecho. Ante este panorama, el país requiere estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan profundizar la división.

A ello se suma el impacto directo en la inversión y el crecimiento económico. La confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad. Cualquier señal que sugiera un debilitamiento de la libertad democrática o de las instituciones incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos.

Además, este enfoque podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con posibles efectos en procesos de negociación como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o en la renovación del Acuerdo Global México–Unión Europea. La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social.

Cabe destacar que, desde la década de los noventa, el sistema electoral mexicano se ha construido mediante acuerdos amplios, públicos e incluyentes, impulsados por la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia y las fuerzas políticas, a través del diálogo y la construcción de consensos. Las reformas que otorgaron autonomía a las autoridades electorales y fortalecieron la pluralidad no fueron concesiones del poder, sino conquistas sociales.

Este proceso permitió que México avanzara hacia un sistema electoral que ha brindado estabilidad política, alternancia pacífica, certeza jurídica y gobernabilidad democrática. Es un modelo perfectible, pero ha demostrado ser uno de los pilares del desarrollo democrático nacional.

Hoy enfrentamos un contexto distinto. Por primera vez en nuestra historia reciente, una propuesta de reforma electoral no nace del consenso ciudadano, lo que introduce riesgos que deben analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo.

Estamos convencidos de que las leyes electorales deben respetar cinco pilares democráticos construidos desde la sociedad y reconocidos universalmente:

Autonomía de las autoridades electorales, con independencia real, capacidad operativa suficiente y una estructura profesional, permanente y confiable.

Pluralidad legislativa, que refleje la diversidad política y social del país.

Fiscalización sólida y efectiva, que garantice condiciones equitativas de competencia.

Inclusión de minorías, evitando barreras que limiten la participación política y el surgimiento de nuevas fuerzas.

Certeza jurídica, con reglas claras, estables y previsibles.

En el caso específico de una reforma electoral, esta debe surgir del consenso ciudadano, del diálogo democrático y del respeto a las instituciones.

Cuidar el sistema electoral implica actuar con responsabilidad institucional y atender con prioridad los desafíos urgentes que hoy afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país.

La COPARMEX reitera su disposición permanente al diálogo respetuoso y a la construcción de acuerdos que fortalezcan la democracia, siempre con responsabilidad y visión de largo plazo.