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Buscan concientizar sobre consecuencias negativas de reportes falsos y bromas al 911


Por iniciativa de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, y ante la prevalencia de llamadas de broma y para reportar hechos falsos al número de emergencias 911, la Administración Municipal de Gómez Palacio se une a un llamado a la conciencia ciudadana para poner freno a esta nociva práctica.

Lo anterior, tras haber tomado parte de la Reunión de Seguridad y enterarse de que, según el reporte presentado por el sistema C-4, que arroja que durante septiembre del año en curso se sumaron alrededor de 20 mil llamadas de falsa alarma, la Presidenta Municipal hace un enérgico llamado de atención a la población para que se haga un uso correcto y responsable del número de emergencias por el bien de todos.


Y es que, de acuerdo a lo que plantea el coordinador del C-4 en la Laguna de Durango, Marcos Cordero Tafoya, el costo de atender a reportes de falsos puede ascender a varios millones de pesos mes a mes por lo que implica el desplazamiento de unidades de las diversas corporaciones de seguridad y de atención a emergencias, además de lo que entraña en horas-hombre invertidas y los riesgos implícitos en sus traslados, así como la distracción de personal y equipo en la atención de auténticas emergencias.


Por ello, el Gobierno Municipal gomezpalatino se suma al sistema C-4 en una campaña de concientización que busca hacer entender que una llamada en falso puede cobrar una vida, pero usar responsablemente el llamado al 911 puede salvarla, de modo que se debe tener claro que una emergencia es una situación de riesgo que requiere atención inmediata.


A este respecto, ambas instancias de gobierno se unen para advertir que hacer reportes falsos y llamadas de broma al 911, pueden ser motivo de sanción, de acuerdo a la reglamentación vigente con sanciones que van de tres a seis meses de prisión o multa de 18 a 36 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y, si con la llamada o mensaje se produce un daño, se altera del orden público o se distrae el estado de fuerza de la autoridad, se impondrán de uno a cuatro años prisión y multa de 72 a 288 veces la UMA.

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