Abasto de medicinas debe ser de seguridad nacional

· Al hacer la propuesta, Luis Enrique Benítez pronostica ejecución de obras públicas sin licitar y con amplio riesgo de corrupción.

“Lo que debería decretar el presidente como asunto de interés público y seguridad nacional, es el abasto de medicinas”, propone el diputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda, al señalar que al no licitar las obras y proyectos que ejecute el “Gobierno de México”, se transgrede la rendición de cuentas y genera un campo fértil para la opacidad y corrupción.


En la tribuna del Congreso local, ante el pleno de legisladores, Benítez consideró que la transparencia y rendición de cuentas son esenciales en un sistema democrático auténtico, “lo que está buscando el presidente es hacer todas las obras sin licitar, reservar la información, que nadie la conozca y solo él saber y hacer lo que se va a ejecutar con los recursos de todo el pueblo de México”.


El parlamentario priista utilizó el texto de un manifiesto público de organismos de la sociedad civil, que calificaron de inconstitucional el acuerdo presidencial que clasifica las obras y proyectos de interés público y seguridad nacional. “Generar un sistema de excepciones que elimina los mecanismos de evaluación y control, pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de los proyectos de obras públicas conforme a las necesidades sociales y la garantía de derechos humanos, pero también transgrede la rendición de cuentas y genera un campo fértil para la opacidad y la corrupción.”


Para dar contundencia a su rechazo al llamado “decretazo”, el parlamentario dio lectura a la condena pública de las organizaciones no gubernamentales, “Es inconstitucional que mediante una norma administrativa se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional y con ello se abre la posibilidad de reservar información con relación a dichos proyectos”.


Al hacer suyos los argumentos de reprobación, el legislador enfatizó que la ejecución de obras y proyectos públicos no solo tiene impacto en el patrimonio público sino también en la garantía de derechos y el acceso a servicios por los que deben ejecutarse de manera abierta, pública, y respetando procedimientos, reglas y requisitos previstos en los distintos marcos jurídicos para lograr su utilidad, eficiencia y calidad, que respondan a los problemas públicos en condiciones de igualdad.


Desde la perspectiva de un profesional del Derecho, y en coincidencia con las manifestaciones públicas que condenan la medida presidencial, Benítez destacó la preocupación de establecer “una excepción tan amplia a requisitos para autorizar la ejecución de proyectos que tienen asignada una gran cantidad de recursos, permitiendo una autorización provisional de proyectos hasta por doce meses lo que limita el despliegue de mecanismos de control y rendición de cuentas que deben de seguir los proyectos y/o obras públicas como los procesos de planeación, licitación y ejecución de los mismos”.


Reiteró que da espacio a la opacidad y discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, “y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos para el desarrollo de México”.