La censura en El Siglo, como nunca

La censura en El Siglo, como nunca Por Iván Soto Hermández Me apena mucho decir esto pero es una triste realidad que nadie me platicó, pues me consta: El Siglo de Durango está en su peor etapa de censura editorial, justo al llegar a sus 25 años de vida. Llevo varios años como colaborador de la sección editorial de El Siglo de Durango, y en otra etapa fui reportero por casi siete años en esa misma casa, de la cual siempre me he sentido orgulloso por su política de contenidos y su integridad al informar a sus lectores los hechos tal cual. Sin embargo, de dos o tres meses a la fecha es la primera vez que percibo y compruebo en perjuicio de mis textos la ley mordaza que ha aplicado desde su llegada el nuevo Director, José Elías Bechelani de la Parra. Desde su arribo mis columnas han sido censuradas en reiteradas ocasiones al grado de modificarlas o no publicarlas por decisión del Director General, sin tener el mínimo respeto al colaborador editorial, y lo más grave, sin respeto a la imagen independiente y libre que siempre cuidó El Siglo en sus relaciones con los entes del poder. Desconozco si esa censura editorial solamente aplique a mis textos, o si sea un estándar general que Bechelani de la Parra ha puesto en práctica desde su arribo al cargo de Director. Como periodista creo que fui el primero en dar a conocer en redes sociales el nombramiento del abogado y ex Magistrado Elías Bechelani como nuevo Director General de El Siglo de Durango, cuando todavía ni sus ahora compañeros del periódico lo sabían. De él solamente había escuchado hablar. Jamás me lo habían presentado o sabía de él en persona, hasta unos días antes de su nombramiento al frente del periódico, cuando se presentó como el abogado de las personas que me demandaron civilmente por daño moral por la investigación que hice acerca de los posibles operadores de la red de trol DonRamoMx. Dicho sea de paso, un juicio en el que personal del Juzgado Civil que lleva el caso me confesó que recibieron sinfín de presiones por parte del litigante para que la sentencia de primera instancia fuera lo más cercana a las pretensiones de sus clientes. No solo tenía y tiene la ventaja de haber sido Magistrado hace apenas dos años, sino que ya para las fechas del juicio presumía en las audiencias su próximo nuevo empleo en el ámbito de la prensa: El Siglo. En fin, el primer golpe a la libertad de expresión y a las garantías del informador me llegó en primera instancia en el Juzgado Civil gracias a las influencias de Elías Bechelani. Sin embargo, creí que como Director de El Siglo su comportamiento no estaría basado en revanchas de sus litigios, sino que estaría a la altura de sus antecesores, y sobre todo, a la altura de una gran institución editorial a la que quiero y con la que siempre estaré agradecido. Hoy me doy cuenta que no es así. Al menos en lo que respecta a mi trabajo periodístico la negativa a publicar mis colaboraciones en el espacio de columna me deja un mal sabor de boca y una enorme desilusión, pero no me quita las ganas de seguir escribiendo. El periodista lo único que necesita es una trinchera para sus letras, y afortunadamente las benditas redes sociales llegan a suplir un poco ese hueco que representará, en mi caso, la falta de libertad para escribir en El Siglo, donde si bien no me han corrido como tal, al no publicar, al censurar o rasurar mis textos, es una manera muy poco digna de darme las gracias. A El Siglo, gracias. Aquí la última columna que el Director decidió no publicar: ComuniK2 Por Iván Soto Hernández El Tribunal Superior ¿de la Injusticia? El pasado 9 de julio, Isaías Villanueva Betancourt realizaba su labor de cada día como empleado auxiliar del área de Recursos Materiales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, pero ese día fue diferente. En un instante se quedó sin empleo, sin libertad, con problemas de salud y, sobre todo, perdió su tranquilidad. Según el personal del Poder Judicial, jamás habían visto el ingreso de elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar alguna orden de aprehensión dentro del edificio del Tribunal, mucho menos para aprehender a un trabajador. Sin embargo, hace dos semanas así ocurrió. Elementos investigadores vestidos de civiles fueron a detener a Isaías, dice él sin orden de aprehensión. Ni de broma se imaginaría que ya en la Fiscalía lo acusarían de robo por más de 100 mil pesos en papel y otros insumos de oficina. “Me golpearon, me insultaron y me dijeron que me iría a la cárcel por ratero”, narró Isaías en la entrevista que le hice dentro del programa El Purgatorio de En Vivo Durango, que se transmitió este lunes 23 de julio de 5 a 6 PM por redes sociales. Sin saber a fondo su acusación (de hecho, hasta la fecha no le han permitido conocer la carpeta de la investigación en su contra, ni las supuestas pruebas que lo incriminan), de pronto lo pasaron ya al Centro de Readaptación Social número 1 de Durango (Cereso), donde se le planteó una alternativa de “solución” a su problema legal. A Isaías le propusieron firmar su renuncia como empleado sindicalizado del Tribunal Superior de Justicia, y a cambio salir libre, además de recibir un cheque de finiquito laboral. Así que, forzado por las circunstancias y aún adolorido de la golpiza, aceptó. Mientras eso ocurría con él entre la Fiscalía y el Cereso, a otros tres trabajadores sindicalizados les aplicaron una dosis menos violenta, pero igual de abusiva y aparentemente injusta y violatoria de muchísimos derechos, leyes y preceptos que el TSJ dice proteger. A través de la dirigencia del Sindicato de los Tres Poderes, los que mandan en el Poder Judicial de Durango operaron los despidos vía renuncia obligada en perjuicio de Julia Villanueva de los Ríos, con 18 años de servicio; Juan Manuel Ramírez Rodríguez, de casi 20 años de antigüedad, y Juan Manuel Martínez Pérez, con 23 años de su vida laborando ahí. Les dijeron que renunciaran por escrito para que no los involucraran como supuestos cómplices de Isaías en el robo de materiales de oficina. Les hicieron creer que había una confesión por parte del detenido en donde los señalaba de planear y ejecutar juntos el dichoso robo al patrimonio del Poder Judicial. Fue un proceso sumario, tanto el penal en contra de Isaías, como el administrativo y el laboral hacia los 4. En 20 minutos deberían preparar la entrega-recepción de sus áreas y desalojar las instalaciones del Tribunal de Justicia, al cual tienen prohibido acceder desde entonces. Aquí, sin embargo, lo grave es que quien cometa tanto atropello legal sea el personal directivo del Poder Judicial, porque no debe ser cosa menor que se negocie un supuesto delito de robo de materiales y patrimonio público a cambio de una renuncia, e incluso expedir cheques de indemnización por la terminación de la relación laboral. Si hay o hubo un daño al patrimonio del Poder Judicial del Estado, sería muy delicado que haya funcionarios que decidan impartir justicia palera, intercambiando un posible proceso penal de tipo judicial por una terminación de labores y nada más. Y si la renuncia obligada tenía o tiene otros propósitos, más grave es que se utilicen instituciones como la Fiscalía, el Tribunal Laboral, el Consejo de la Judicatura y el Cereso para poder mostrar quién tiene el poder en estos momentos. En este asunto, total y detalladamente documentado en las plataformas digitales de En Vivo Durango, hay mucha madeja por revisar y sancionar, si es que hay alguna instancia que se atreva a revisar el comportamiento de una institución como el Poder Judicial que, contradictoriamente, debería garantizarnos la impartición de justicia pronta y expedita. Twitter: @ivansottoh