• Sistema mexicano está fragmentado y segmentado; enfrenta grandes retos
“Es necesario tocar puertas para incrementar la cobertura de salud en las comunidades”, consideró el diputado J. Carmen Fernández Padilla al reconocer que el sistema mexicano de salud está fragmentado y segmentado, con grandes retos que enfrentar al cierre del sexenio”.
Al realizar un pronunciamiento durante la sesión ordinaria, informó que de acuerdo al Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado (Inevap), los municipios de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, son los que tienen más del 40 por ciento de población con carencia en los servicios de salud.
“No podemos dejar el asunto de la salud en las manos de un gobierno de un solo orden, sino que es una responsabilidad compartida”, resaltó.
En el caso del Gobierno del Estado, señaló que el mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal está haciendo grandes esfuerzos, prácticamente rescatando el sistema de salud con la mejora de espacios e instalaciones, la contratación de personal y la dotación de equipamiento en las cuatro jurisdicciones sanitarias del estado, acciones que garantizará la atención especializada, digna y de calidad para todos los duranguenses.
En lo que se refiere a nivel nacional, el legislador afirmó que el sistema de salud mexicano está fragmentado y segmentado, el cual enfrenta enormes retos para garantizar el derecho humano a la salud debido a múltiples factores.
Recordó que en el 2021, a la mitad de su mandato, el presidente de México, dijo que se iban a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, que no iban a faltar o se dejaba de llamar Andrés Manuel; pero al día de hoy ninguna de las dos cosas ha sucedido.
Si bien, consideró que este problema no inició con el actual gobierno, pero a partir de 2019 se ha visto un aumento pronunciado en el desabasto de medicamentos, lo que parece ser que este ha sido un sexenio perdido.
Finalmente, recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
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